Guatemala, 15 de febrero de 2013. En conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Organización Trans Reinas de la Noche, se conoció el posicionamiento de dicha organización acerca de la resolución otorgada por un juzgado nacional con relación a los actos discriminatorios que se le atribuyeron al sistema penitenciario guatemalteco.
“Lo que nosotros promovemos es la libertad de expresión y la
protección a la integridad física y la dignidad del ser humano”. Rocío Samayoa, miembro de la Red Legal en
Derechos Humanos.
Rocío Samayoa señaló que la violación se generó a través de
una circular extendida a los diversos centros privativos de libertad para que
las personas vistieran y llevarán el cabello acorde a su “sexo biológico”. La
norma dirigida hacia personas homosexuales se aplicó exclusivamente a mujeres
trans.
Samayoa acotó que en este caso fueron violentados diversos
artículos constitucionales, entre los que destacaba el artículo 4, referente a
la igualdad de todas las personas y el artículo 19, sobre la obligación del
sistema penitenciario de resguardar la integridad física y moral de todas las
personas privadas de libertad. La
entrevistada resaltó que la denuncia
interpuesta en contra de esa medida no buscaba aplicar privilegios especiales o
cárceles exclusivas para mujeres trans sino únicamente promover la libertad de
expresión y protección de la integridad física y dignidad del ser humano.
Johana Ramirez, directora ejecutiva de OTRANS refirió que las poblaciones LGBTI (lesbianas,
gay, bisexuales, trans e intesex) no cuentan con protección y mucho menos aquellas privadas de libertad. Recordó que la situación de detención no
limita ni suprime los derechos humanos de cualquier persona. Reafirmó que la
resolución favorable no va encaminada a buscar privilegios sino al respeto de la igualdad y
protección de los derechos humanos que no solo atentan contra las privadas de
libertad, sino a las mujeres trans en diversos contextos como la salud, educación, trabajo entre
otros.
“Creemos que esta resolución nos da pautas para seguir
evidenciando otro tipo de casos, otro tipo
de violaciones de derechos humanos que están en el ámbito nacional” indicó Ramírez.
La directora de OTRANS comentó que los diversos casos de
agresión contra trans van desde asesinatos hasta acciones de desaparición
forzada. Ramírez fue enfática al reconocer que el rector llamado para proteger y velar los derechos en Guatemala es el Procurador de los Derechos Humanos, de quien no han recibido
el acompañamiento idóneo y adecuado, haciendo hincapié en la necesidad de que
este funcionario y su institución
acuerpe estas acciones y que tome rienda en el asunto para la defensa de
los derechos de las comunidades LGBTI.
Por su parte, Gabriela Tuch, coordinadora del Observatorio
de Derechos Humanos recordó que esta es la primera resolución de este tipo que se da en Guatemala y probablemente en el resto de Centroamérica y que permitió reconocer explícitamente
los derechos de las personas trans.
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