viernes, 25 de enero de 2013

Detenidas, sin derechos

 El Azul en el Arcoiris reproduce de forma integra el reportaje "Ven discriminación y transfobia en disposiciones del Sistema Penitenciario", publicado por el vespertino LA HORA por Mariela Castañón el pasado 12 de enero de 2012.

Red legal y OTRANS accionan legalmente

Ven discriminación y transfobia en disposiciones del Sistema Penitenciario


Una circular emitida por la Subdirección Operativa del SP, el 3 de octubre anterior, ordenó a los directores y subdirectores de centros carcelarios que “por antecedentes relacionados a fuga, los privados de libertad homosexuales y lesbianas debían vestir de acuerdo a su género natural”,


Uno de los casos documentados y por el cual se presentaron acciones legales, es el de dos mujeres transexuales privadas de libertad en Pavón, quienes según las denuncias fueron discriminadas.

La información develada refiere que el argumento de la normativa se basaba en una noticia internacional, titulada “Dwight Worker, el hombre que escapó de la cárcel vestido de mujer”, la cual explica la evasión de un privado de libertad de origen estadounidense, en 1973.

La regulación para supuestamente evitar un caso similar, fue aplicada para las cárceles guatemaltecas, 40 años después del suceso.  Las afectadas fueron dos mujeres transexuales privadas de libertad en Pavón, a quienes se les cortó el cabello.

Rocío Samayoa, abogada del Centro de Asesoría Jurídica Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos y VIH, explicó que conocieron la denuncia a través de la Organización Trans Reinas de la Noche.

La Red considera que existe discriminación para esta población, aunque si bien es cierto la normativa va dirigida para homosexuales y lesbianas, la aplican rigurosamente para las mujeres transexuales.



El caso provocó que se presentara una exhibición personal el pasado 8 de octubre, en el Juzgado de turno, posteriormente pasó al Juzgado de Paz de San José Pinula.  También se presentó un recurso de amparo, se indica.

El 10 de octubre de 2012, la denuncia fue conocida por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), donde aún se espera la resolución del Magistrado de Conciencia, explica la Red Legal.

Johana Ramírez, directora de OTRANS-RN, dice que lo sucedido en Pavón es un atropello a la identidad de género de las personas trans, porque “cortar el cabello es como mutilar una parte del cuerpo, indirectamente se está convirtiendo en un autor discriminatorio y que no respeta los derechos humanos”, explica.

MALTRATO EN LA CÁRCEL

La directora de la organización agrega que la situación dentro de la cárcel es difícil para las mujeres transexuales, debido a que existen hombres machistas, con educación conservadora que son capaces de generar todo tipo de daño.


Ramírez considera que el cambio de gobierno les ha afectado, debido a la estructura militar que impera en las prisiones, que es vista como discriminatoria y transfóbica.

“El cambio de gobierno nos ha venido a afectar a nosotras como población trans, porque no hay oportunidades de desarrollo, no hay estabilidad en derechos humanos, la realidad es que hemos visto que dentro del SP los nuevos actores son coroneles, sargentos. Estas personas son discriminadoras y machistas”, dice.

Según la Red Legal, en los diferentes centros penitenciarios existen 23 mujeres transexuales identificadas.

RESPETUOSO DE DERECHOS

Rudy Esquivel, portavoz del SP, fue consultado por las razones que se tomaron estas disposiciones, respondió que la intención es prevenir fugas, aunque admitió que en Guatemala no se reportado ningún caso como el de Dwigth Worker.

“En aspectos de evasión, de una situación anómala que pueda suscitarse en un centro, las autoridades actuales lo que buscan es una acción preventiva, evitar que se consuma un hecho que pueda alterar o poner en riesgo la vida de las personas en los centros de detención”, explica Esquivel.

Al consultarle al portavoz sobre que las disposiciones son interpretadas como “discriminatorias y transfóbicas”, respondió.

“La política del director general es ser respetuoso de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el SP cumple con la orden constitutiva y trabaja en lineamientos que lo ordena, en ningún momento se busca vulnerar la integridad física de la población reclusa en un marco general”, indica.

Fuente: Diario La Hora.