Durante las décadas del ’80 y del ’90 los conflictos armados internos, las invasiones y posteriores “transiciones democráticas” reconfiguraron los escenarios sociales y políticos en Latinoamérica, lo que en su momento supuso la construcción de sociedades y estados más sensibles, incluyentes y ágiles en la defensa y promoción de los derechos humanos. Hoy, veinte años después, los niveles de violencia, crímenes y asesinatos superan por mucho los vividos durante los años más oscuros del conflicto armado. Lamentablemente, mucha de esa violencia está dirigida hacia las comunidades LGBT.
En un artículo previo
señalaba el ominoso escenario que actualmente enfrentan las comunidades
de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en Honduras, las cuales
son asediadas a través de una estrategia de acoso, intimidación y
violencia sin precedente en Latinoamérica. A partir del golpe de estado a
Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, han sido asesinados más de
cuarenta activistas del movimiento, lo que además de vulnerar la
organización comunitaria y la respuesta al VIH, ha ocasionado una
verdadera desbandada de activistas que han recurrido al exilio como
última alternativa para resguardarse de este auténtico genocidio.
De igual manera reseñé
hace algunos días el buen sabor de boca que dejó en mí la elección de
“Miss Gay Nicaragua”, pese a las agitadas aguas debido a la discusión
del código de familia en el Congreso, pues desde ese espacio las
comunidades y activistas lanzaron mensajes claros y legítimos a las y
los parlamentarios sobre la necesidad de incluir a las familias diversas
en el nuevo código. Sin embargo, no había pasado ni un mes del evento,
cuando una de las participantes –Nathaly Dixon- fue tiroteada en una de
las calles de Managua.
El hecho coincidió con una serie de
movilizaciones de sectores fundamentalistas para presionar a los
congresistas a omitir acciones de protección a las comunidades LGBT. El
crimen impactó tanto a las comunidades y activistas que la Procuradora
Especial para la Protección de los Derechos Humanos LGBT –Samira
Montiel- y el mismo Procurador de Derechos Humanos –Omar Cabezas-
conminaron a Aminta Granera –Directora General de la Policía Nacional- a
movilizar personal para resguardar las acciones organizadas por las
comunidades LGBT.
Recientemente, el Congreso costarricense
designó al diputado Justo Orozco como presidente de la comisión de
Derechos Humanos, lo que fue percibido como una afrenta a los
movimientos sociales y especialmente a los movimientos LGBT, pues
anteriormente Orozco fue señalado como xenófobo y homofóbico al sostener
que ni extranjeros ni homosexuales deberían gozar del acceso a la salud
en Costa Rica. Las comunidades han movilizados los recursos disponibles
y están gestando un movimiento sin precedentes en las redes sociales.
No
por casualidad se celebró recientemente en Guatemala el Encuentro
Latinoamericano de Mujeres Trans, el cual –además de incidir para la
aprobación de la ley de identidad de género- planteó la necesidad de
impulsar acciones sostenidas para garantizar la integridad de las
comunidades LGBT, especialmente de las mujeres transgénero.
En Guatemala, el secretario de la
Secretaría de la Paz –SEPAZ- manifestó a los medios de comunicación la
incomodidad que le ocasionaba escuchar decir que en Guatemala hubo
genocidio durante el conflicto armado, desconociendo lo sostenido en el
informe nacional de recuperación de la memoria histórica -REMIH- y ha
ordenado clausurar los Archivos de la Paz, dependencia encargada de
investigar los archivos militares del conflicto armado interno, el cual
aportó peritajes en casos emblemáticos de genocidio, como el que se
lleva contra Efraín Ríos Mont, ex presidente de facto. Aunque
aparentemente estos hechos no afectan directamente a las comunidades
LGBT, brindan luces sobre el fuerte carácter militarista y conservador
del actual gobierno, pese a haber tomado posesión hace solo cinco meses y
medio.
Lamentablemente, una de las principales
trincheras del movimiento LGBT en el país se ve amenazada por el
inminente relevo del Dr. Sergio Morales como procurador de Derechos
Humanos, quien acompañó algunos procesos vitales para las comunidades,
pero desatendió el pedido de institucionalizar la respuesta desde la
procuraduría, la cual siempre estuvo a cargo de una asesora. Hoy, con su
salida, la incertidumbre invade al movimiento pues no se vislumbran
escenarios favorables para sostener la respuesta desde la procuraduría,
próximamente a cargo de Jorge de León Duque, vinculado estrechamente al
actual gobierno.
Durante
el mes de junio fueron asesinadas tres mujeres trans (como siempre con
índices de brutalidad inhumanos); incluso la última de ellas fue atacada
el día que celebramos el III Foro Comunitario Nacional de Derechos
Humanos LGBT, el 28 de junio último, presuntamente a manos de un policía.
La cantidad y condiciones en las que se cometen estos crímenes de odio
en contra de las comunidades LGBT –especialmente en contra de las
mujeres trans- no tienen comparación y pese a todo vemos brillar una luz
al final de túnel, pues hace algunos días la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos de William Geovanni
Aguilar Pérez y Alison, quienes se identificaban como mujeres trans, y
que de acuerdo a la información recabada fueron tiroteadas hasta la
muerte el 17 de junio pasado, presuntamente por pandilleros.
Además, en el marco del mencionado Foro,
el Comisionado Presidencial contra la Discriminación y el Racismo
-Bécquer Chocooj- y el Secretario Privado del Ministerio Público -Javier
Rosales- reconocieron la necesidad de establecer una unidad
especializada para las comunidades LGBT, asumiendo públicamente la
existencia de homofobia, lesbofobia, transfobia y crímenes de odio.
Pese a la relativa pequeñez del
territorio centroamericano, la complejidad de las realidades de cada
país es abrumadora y los movimientos LGBT, lejos de verse fortalecidos,
enfrentan terribles maquinarias de terror ante la indolencia de los
estados y de los grandes operadores políticos presentes en la región,
quienes hacen oídos sordos a situaciones que deberían ser prioridad en
sus agendas. El año pasado el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos
(CCPDH) exigió a través de una resolución “a los países de la región
que cesen los crímenes de odio contra la población transgénero y de
diversidad sexual”, la cual tuvo poco eco en medios de comunicación y
otros movimientos sociales y políticos, como una muestra más de la poca
relevancia que el tema supone en el istmo.
Ayer, aquí en Guatemala, un destacado columnista hizo un serio señalamiento sobre el asedio a defensores y defensoras de derechos, y otro mordazmente ha cambiado Guatemala por Guatebala
en su publicación, enlaces que incluyo para matizar lo planteado arriba
y que no dista mucho de otras realidades centroamericanas configuradas
por la pobreza, la impunidad, la violencia social y política y el crimen
organizado.
Muchos actores políticos y agencias de
cooperación demandan acciones contundentes desde los colectivos LGBT
para responder de mejor manera a estas situaciones, pero no asumen su
coresponsabilidad en la transformación de estas realidades, que no son
propiedad sólo de los movimientos. Pocos asumen activamente acciones que
reguarden la vida de las y los activistas y nadie –absolutamente nadie-
está brindando acompañamiento y soporte a quienes en medio de la más
sórdida ola de violencia sostienen la defensa y promoción de los
derechos, librando posiblemente la última de sus batallas.
